Gigantescas concesiones mineras preocupan a ambientalistas
El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, al generar ingresos por USD 927.4 millones en 2022, y USD 456.2 millones en los cinco primeros meses de 2023, lo que supera en USD 55.3 millones (12.1%), a los USD 400.9 millones exportados en el mismo período del año anterior. Ese comportamiento permite suponer que este año, ese rubro superará los mil millones exportados, como viene deseando la industria desde 2021.
Mientras ese sector -y la dictadura de Daniel Ortega- celebran ese ritmo de crecimiento imparable, que aceleró de forma notable a partir de 2019, los líderes ambientalistas que están dentro o fuera del país, así como las comunidades indígenas que no se sienten representadas por ambos consejos regionales -a los que señalan de estar absolutamente subordinados al partido en el Gobierno- lamentan la aprobación de esas concesiones, por considerar que lesiona sus derechos, a la vez que aumenta la amenaza sobre sus fuentes de agua y sobre sus bosques.
Un defensor del ambiente que pidió mantener su identidad en reserva por temor a sufrir represalias, dijo a CONFIDENCIAL que desde antes de entregar casi este cuarto de millón de hectáreas en concesión para lo que llamó “minería sin límites”, más del 26% del país había sido entregado en concesión a las empresas mineras, expresando su preocupación por el daño ambiental que se generará en el proceso, porque “va a deteriorar grandemente el país”.
Expresidentes de Chile y Bolivia se solidarizan con las víctimas de la dictadura Ortega Murillo
La Fundación Libertad, dirigida por el excarcelado político Félix Maradiaga, en conjunto con el ex reo político Medardo Mairena, y otro grupo de opositores en exilio, organizó el foro “Principios democráticos por la libertad de Nicaragua”, celebrado este sábado 29 de julio en Doral, Florida, Estados Unidos, en el que participaron diferentes grupos opositores, que promovieron “unidad” e iniciativas en favor de la democracia en el país.
El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, expresó su total solidaridad “con las víctimas de las graves, reiteradas e inaceptables violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen dictatorial que encabeza Daniel Ortega”.
Señaló que los nicaragüenses han sufrido “persecución política y religiosa, destierro, privación de la nacionalidad, abusos y torturas son solo algunas de las aberraciones”.
Piñera explicó que, en marzo pasado, nació en Chile el Grupo Libertad y Democracia, cuyos fundadores son 20 presidentes y expresidentes de países iberoamericanos, que tienen como “objetivo la defensa de la libertad y la democracia en nuestro continente, y muy especialmente la recuperación de esa libertad y esa democracia en países que la han perdido, como Nicaragua, Venezuela y Cuba”.
El negocio de la seguridad privada en Nicaragua: un cártel mafioso de exmilitares y expolicías
Los exmilitares y expolicías nicaragüenses de alto rango están pasando a retiro cobijados por empresas de seguridad que prestan servicios directos al Estado de Nicaragua a través de una red nacional de “tráfico de influencias” que les permite contratos millonarios brindando seguridad y vigilancia privada.
Quienes están detrás de estas empresas son testaferros de la familia presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero, el grupo se extendió y ahora aparece Francisco Javier Bautista Lara, exsubdirector de la Policía Nacional —junto a varios excomisionados— que ganaron contratos públicos cuando él fue embajador ante el Vaticano, violando la legislación nicaragüense. Así como ellos, figuran exmilitares que ocuparon altos cargos de dirección y ahora son socios de esos negocios.
Esta investigación de Nicaragua Investiga y Artículo 66 encontró 55 contratos en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) —sitio web donde se realizan los procesos de adquisiciones públicas— en la que están involucradas 25 instituciones del Estado que solicitaron los servicios de seguridad y vigilancia privada.
Fuente: Confidencial, La Prensa, Artículo 66