La jornada electoral estuvo marcada por la poca afluencia a los centros de votación (una abstención del 81.5%, de acuerdo con Urnas Abiertas); la intimidación a votantes, activistas de derechos humanos y periodistas independientes por parte de simpatizantes del partido de gobierno y miembros de la Policía Nacional; la detención de alrededor de 20 personas, según publicación de Confidencial, quienes -en algunos casos continúan en prisión-, según información de Divergentes; así como proselitismo político en favor del partido de gobierno; y el uso de recursos públicos para promover el voto a la pareja presidencial actual.
El proceso electoral ha estado marcado por la continuidad de las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas opositoras, al presentarse encarcelamientos, amenazas, hostigamiento y persecución durante toda la semana de las votaciones.
El día estuvo lleno de protestas de nicaragüenses exiliados en Costa Rica, Madrid-España, Miami, El Salvador, Washington, Zaragoza-España, Los Ángeles, Guatemala y otras ciudades, quienes demandaban liberación de personas presas políticas, denunciaban el proceso electoral viciado y sin competencia, y clamaban por la justicia para las víctimas de la represión estatal desde abril de 2018.
Hasta las 12:00 am del día 8 de noviembre, hemos recibido y confirmado un total de 146 denuncias sobre el proceso electoral 2021, entre las que destacan la intimidación a votantes y periodistas en Centros de votación, la violación al silencio electoral, la privación de libertad, el uso de recursos públicos para beneficio de simpatizantes partido de gobierno y otras incidencias.
El proceso electoral ha estado marcado por la continuidad de las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas opositoras, al presentarse encarcelamientos, amenazas, hostigamiento y persecución durante toda la semana de las votaciones.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos (https://derechoshumanosnicaragua.org) hemos verificado que este proceso electoral ha carecido de las normas internacionales necesarias para reconocerse como libre, transparente y apegado a derecho. Por tanto, continuamos en nuestra labor de registrar las violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses por parte del Gobierno de Ortega.