En abril de 2023 se cumplieron cinco años desde el inicio de las protestas ciudadanas que marcaron un cambio social y político en Nicaragua. Informes de organismos nacionales e internacionales, tales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyen que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo de Nicaragua, los cuales son asesinato, encarcelación u otra privación de la libertad física, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.
De acuerdo con el registro de víctimas fatales sistematizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “en el contexto de la crisis da cuenta de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019. Según el desagregado por género, 15 serían mujeres y 340 hombres. Además, 27 del total de víctimas serían niñas, niños y/o adolescentes. Los datos también dan cuenta de 23 agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en este contexto”.
El presente informe del ODH está enfocado en recopilar casos de violaciones a los derechos humanos y hechos ocurridos en el período de junio de 2022 a abril de 2023, entre los cuales destacan el destierro y despojo de la nacionalidad nicaragüense de 222 personas presas políticas y la continuidad en la cárcel de otras 36, el encarcelamiento de más personas a raíz de la conmemoración del aniversario de abril 2018 y a la memoria de las víctimas de la represión estatal de ese año, el cierre de organizaciones de sociedad civil a través de mecanismos discrecionales impulsados por el Ministerio de Gobernación (MIGOB), el asedio a la iglesia católica, las agresiones a periodistas y medios de comunicación independientes, todo lo cual ha generado que más nicaragüenses salgan al exilio por protección y en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo ante la crisis económica que vive el país.
El 2 de marzo de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe sobre las violaciones a derechos fundamentales por parte del Estado de Nicaragua, en el cual concluyen que se trata de “crímenes de lesa humanidad” e incentivan a la comunidad internacional a investigar estos actos y emprender acciones legales contra las personas responsables.