Hasta el 7 de noviembre de 2021 -día en que se realizaron las votaciones en un proceso electoral cuestionado por organismos nacionales e internacional por carecer de competencia, autoridades electorales imparciales, observación y otras garantías para la transparencia y el respeto a los derechos políticos de los y las nicaragüenses- un total de 62 organizaciones (entre ONG nacionales, organismos de cooperación internacional y partidos políticos) habían perdido su personería jurídica y su capacidad para operar legalmente en Nicaragua.

Una vez asegurado un nuevo período de gobierno para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el 13 de diciembre de 2021 inició una nueva etapa de represión en contra de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales (incluyendo también a universidades), despojando de su personería jurídica a 12 en diciembre de 2021 y 1,277 en 2022 contabilizadas hasta el 15 de agosto de ese año.

En este segundo informe del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) del 2022 sistematizaremos la cancelación de personería jurídica de diversas organizaciones desde noviembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, enfatizando en el impacto que esto tiene para las poblaciones vulnerables a las que atendían, así como explicando los motivos expuestos por las instituciones estatales encargadas de esta labor y cómo ha sido el proceso de cierre de estos grupos organizados