El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua oficializó la realización de las elecciones generales el 14 de julio de 2020 a través de La Gaceta Diario Oficial, donde establece “ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica hasta cumplirse todos los requisitos en un máximo de 5 meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 07 de noviembre del 2021”.

Lo que ha venido sucediendo desde entonces era difícil de prever. El Estado de Nicaragua aprobó cinco leyes y un decreto presidencial específicamente diseñados para castigar a opositores, medios de comunicación, ciudadanía, activistas digitales e incluso trabajadores del sector público. Siete aspirantes presidenciales se encuentran privados/as de libertad (ya sea en la cárcel o bajo arresto domiciliar) mediante la aplicación de dichas leyes, junto a otras veinticinco personas apresadas desde junio de 2021, quienes se sumaron a la lista de más de 100 presos políticos en el país.

En este cuarto reporte del ODH en el 2021, nos encargaremos de abordar la situación electoral de Nicaragua, a pocos meses de las votaciones.